Por estas horas se conoció una disposición de la Justicia, determinada por el fiscal en turno Álvaro Garganta, para el proceder ante las intimidaciones públicas en establecimientos educativos de la región. Comprende que ante amenazas, se llevará a cabo un protocolo específico.

“Para los casos de amenazas de explosivos a establecimientos escolares, de cualquier tipo donde el único elemento probatorio que acredite la verosimilitud de esto sea la llamada recibida, esto es, que no las autoridades, no el personal, ni el alumnado ha percibido en el edificio ningún paquete, bulto u objeto extraño, no se ha visto ingresar o salir personas u automóviles ajenos al edificio, y/o cualquier otra circunstancia excepcional; la actuación policial se limitará a convocar de inmediato a los técnicos de explosivos, a los fines de realizar una inspección sobre el lugar”, reza un escrito firmado por el instructor de la UFI 11 en turno (del 8 al 15 de agosto) presentado ante el director general de Cultura y Educación de la Provincia, Gabriel Sánchez Zinny.

El portal de noticias BerissoCiudad confirmó este nuevo cuadro de situación con autoridades locales, quienes reafirmaron que es disposición de la Justicia que este protocolo se lleve a cabo.

De este modo, el proceso de inspección se daría con los alumnos en el aula y se evacuaría sólo en caso del hallazgo de elementos sospechosos.

Cabe destacar que con este sistema, por ejemplo, el director de la Secundaria 2 Roberto Pendenza habría obrado correctamente en su momento cuando decidió no evacuar a los alumnos hasta llegada la brigada anti explosivos y habiendo corroborado que ningún bulto o paquete haya ingresado previamente.

Con esto, se busca reducir las horas de clases perdidas, con esta problemática que padece la educación desde hace meses.