Análisis

Daniela Goga: “La solidaridad de los vecinos no puede reemplazar las responsabilidades del Estado”

Daniel Goga, abogada especialista en Derecho de Familia y Derecho Penal.
Daniel Goga, abogada especialista en Derecho de Familia y Derecho Penal.

La abogada Daniela Goga, especialista en Derecho de Familia y Derecho Penal, dialogó con FM Berisso Ciudad para analizar la situación de una vecina adulta mayor que permanece con movilidad reducida y necesita asistencia para realizar actividades cotidianas. A partir del reclamo de un vecino que hizo público el caso en la emisora, explicó cuáles son los derechos de las personas mayores, las responsabilidades de los familiares y el rol que deben asumir los organismos del Estado frente a situaciones de vulnerabilidad.

 

Al comenzar, la abogada puso el foco en la necesidad de abordar la situación desde una perspectiva de derechos y no solamente desde la conmoción social que generan estos episodios.“Lo importante que me parece señalar de este caso en particular es justamente no analizarlo únicamente desde la cuestión de la solidaridad o de la sensibilidad social, o la conmoción que naturalmente nos genera conocer este tipo de situaciones, cuando hablamos de personas de la tercera edad”, expresó.

 

En ese sentido, remarcó que la participación de los vecinos puede resultar fundamental para detectar una situación de riesgo y brindar una primera respuesta, pero advirtió que no puede convertirse en el único sostén de una persona que necesita asistencia permanente. “No podemos naturalizar que la subsistencia y el cuidado de una persona mayor dependan exclusivamente de la buena voluntad de un vecino”, afirmó.

 

Goga reconoció que Berisso cuenta con una comunidad que suele movilizarse ante situaciones de emergencia, como inundaciones, incendios o familias que atraviesan dificultades económicas. Sin embargo, diferenció esa colaboración solidaria de las obligaciones que corresponden a las instituciones. “Esta solidaridad, que es la primera que se empieza a movilizar, no puede reemplazar las responsabilidades legales de quienes sí tienen la obligación de garantizar los derechos”, sostuvo.

 

Al profundizar sobre las obligaciones institucionales, explicó que las personas mayores cuentan con un marco de protección legal y que el Estado tiene responsabilidades concretas para garantizar sus derechos. “Hay una convención que es constitucional, de la cual Argentina es parte, que obliga al Estado justamente a proteger a las personas mayores frente a situaciones de abandono”, señaló.

 

En ese contexto, destacó especialmente el papel de los municipios por su cercanía con los vecinos y su capacidad para detectar situaciones de vulnerabilidad antes de que se conviertan en emergencias. “Las municipalidades, por una cuestión territorial y por la proximidad que tienen con la comunidad, cumplen un papel decisivo en lo que es la detección de situaciones de vulnerabilidad, primordialmente, la asistencia y después una articulación”, reveló.

 

La abogada consideró que la intervención estatal debe contemplar tanto la respuesta inmediata como el seguimiento posterior. “Una ambulancia sí puede resolver una urgencia médica, el personal policial puede atender una situación de riesgo inmediato y una entrega de alimentos puede satisfacer una necesidad puntual de ese momento. Pero si una persona necesita cuidados cotidianos, acompañamiento y asistencia permanente, ahí viene la pregunta de cómo va a garantizar el Estado esa atención una vez que termine la emergencia. El verdadero desafío no es solamente intervenir, sino garantizar que la intervención sea adecuada, cotidiana y sostenida en el tiempo”, planteó.

 

Consultada sobre la situación particular de la mujer, que habría quedado sin asistencia familiar tras el fallecimiento de su hijo y que necesita ayuda para alimentarse, “En este caso falta un eslabón fundamental que es la familia. Entonces sí, ahí el Estado tiene que articular y ver cómo, frente a una conflictiva o a una situación que es llevada por un vecino, pueden dar respuesta”, declaró.

 

La especialista sostuvo que, una vez que las instituciones toman conocimiento de un caso de estas características, corresponde evaluar los riesgos, identificar las necesidades urgentes y determinar qué recursos pueden ponerse en funcionamiento. “Desde una perspectiva de protección de los derechos de las personas de la tercera edad, lo que corresponde primero es evaluar la situación que el vecino nos trae, identificar cuáles son esos riesgos potenciales que puede llegar a tener esta persona, determinar las necesidades urgentes que tiene y lo prioritario que hay que resolver”, detalló.

 

Además, explicó que conoce esas herramientas a partir de su experiencia anterior en el área de Derechos Humanos. “Estuve un tiempo a cargo justamente de Derechos Humanos y teníamos situaciones similares en donde articulábamos con el hogar de ancianos, con el Consejo de la Tercera Edad, con la Secretaría de Acción Social y otros organismos en donde Defensa Civil también nos colaboraba mucho”, recordó.

 

“Hay un montón de instituciones. Vos planteabas determinada situación y ponías todos los recursos del Estado sobre la mesa y veías cómo resolvías, pero tenías que resolver”, remarcó. 

 

La abogada diferenció este tipo de situaciones de aquellas vinculadas con problemas de salud mental que pueden requerir otro tipo de intervención o una eventual internación. En el caso analizado, consideró que el problema principal estaría relacionado con la necesidad de asistencia cotidiana.

 

Como una de las alternativas posibles, mencionó el ingreso a una institución que pueda garantizar cuidados permanentes, aunque aclaró que habría que evaluar las condiciones particulares de la mujer, sus ingresos y su cobertura de salud. “No sé actualmente cómo está funcionando el ingreso al hogar de ancianos, pero quizás es una opción viable frente a situaciones de esta manera, donde va a tener asistencia y acompañamiento permanente porque lo necesita”, indicó.

 

En tal sentido, contundente respecto de la necesidad de encontrar una respuesta: “Si no tiene ningún familiar que pueda hacerse cargo o satisfacer estas necesidades, sí o sí tenés que recurrir a una institución que sea idónea para poder cubrir las necesidades básicas de esta mujer”, dijo. 

 

Por último aclaró que antes de iniciar una acción judicial es necesario determinar cuál es el objetivo concreto que se busca alcanzar y qué respuesta puede brindar el Poder Judicial. “Tenés que evaluar qué tipo de acciones intentas o qué respuesta puede dar el Poder Judicial para resolver la situación. Todos los casos no se judicializan de la misma manera, porque tenés que ver cuál es el objeto”, concluyó.

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