Este martes 7 de abril se cumple un año de la muerte de Agustín Villarruel, el joven de 21 años cuyo fallecimiento dejó una profunda conmoción y un reclamo que su familia sostiene hasta hoy: justicia.

A un día de lo que hubiera sido su cumpleaños número 22, su madre, Marcela Coronel, volvió a exponer públicamente el dolor de la familia y apuntó contra el contexto que, según denunció, atravesó su hijo antes de tomar la trágica decisión de quitarse la vida y aseguró que Agustín fue víctima de una acusación falsa y de un prolongado hostigamiento social que, según sostuvo, terminó afectándolo profundamente.

“Mi hijo fue acusado injustamente, sin pruebas. Nunca pudieron comprobar nada. Aceptamos todo: Cámara Gesell, pericias psicológicas y nada dio en su contra. Pero el daño ya estaba hecho”, expresó.

De acuerdo con su relato, la acusación por abuso que pesó sobre el joven se originó a partir de una denuncia impulsada por el padre de una menor. La mujer sostuvo que, más allá del avance judicial de la causa, el impacto social y los comentarios en su entorno resultaron devastadores para su hijo.

“La mirada de la gente, los comentarios, los opinólogos, eso fue lo que más lo destruyó. Él no podía vivir con esa carga que nunca le correspondió”, afirmó.

Asimismo, Coronel cuestionó la actuación de la Justicia y señaló que no obtuvo respuestas en tiempos razonables. Según indicó, la causa tramita en la fiscalía a cargo Cecilia Corfield y allí le habrían informado sobre la existencia de miles de expedientes en curso.

“Nos dijeron que hay más de 5.000 causas. ¿Y entonces? ¿Mi hijo tenía que esperar mientras su vida se destruía?”, planteó.

En ese marco, aseguró haber realizado más de 25 denuncias, varias de las cuales —según manifestó— fueron archivadas. Actualmente, solicita el desarchivo y la unificación de las actuaciones judiciales.

También indicó que recibió asesoramiento de organismos provinciales y nacionales, entre ellos áreas vinculadas al Ministerio de Mujeres y al Ministerio de Justicia.

En sus declaraciones, la madre responsabilizó a los padres de la menor por las consecuencias que, según sostiene, sufrió su familia.

“Les arruinaron la vida a mi hijo y a toda mi familia. Quiero que paguen por el daño que hicieron sin pruebas, por mentir y destruir”, expresó.

A un año de la tragedia, el caso vuelve a poner en debate el impacto social y psicológico que pueden generar las acusaciones públicas cuando no existe una resolución judicial firme, así como las consecuencias del señalamiento social.

“No voy a parar hasta que haya justicia. Mi hijo era feliz y le arrebataron la vida”, concluyó la mujer.