La decisión del Gobierno de Javier Milei de modificar drásticamente el esquema nacional de provisión de medicamentos esenciales volvió a encender las alarmas en el sistema público de salud. El ministro bonaerense Nicolás Kreplak denunció el cierre del histórico programa Remediar, que durante 24 años permitió que millones de argentinos, especialmente personas sin obra social y de bajos recursos, accedieran gratuitamente a tratamientos fundamentales.

A través de sus botiquines, Remediar abastecía a centros de atención primaria de todo el país con medicamentos para enfermedades frecuentes como diabetes, hipertensión, afecciones respiratorias, infecciones y otras patologías. Su importancia no era solamente económica: garantizaba la continuidad de tratamientos cuya interrupción puede provocar complicaciones graves, internaciones e incluso poner en riesgo la vida.

La Resolución 1447/2026 del Ministerio de Salud de la Nación derogó el anterior listado de medicamentos esenciales y aprobó uno nuevo centrado en enfermedades vasculares. Aunque el Gobierno nacional presenta la medida como una actualización de prioridades sanitarias, la reducción del alcance de la provisión genera preocupación por sus consecuencias sobre los pacientes más vulnerables.

Berisso, frente a una responsabilidad cada vez mayor

En nuestra ciudad, el impacto se concentra especialmente en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), donde numerosos vecinos dependen de la atención pública y de la entrega gratuita de medicamentos.

Esto significa una presión adicional sobre las cuentas municipales y sobre un sistema sanitario que ya presenta dificultades. La Provincia y el Municipio podrían verse obligados a destinar mayores recursos para sostener prestaciones que anteriormente cubría Nación. Sin embargo, detrás de cada medicamento que falta hay un vecino que necesita continuar su tratamiento y que no siempre tiene dinero para comprarlo.

Las críticas de Laura Fernández y lo que queda fuera del debate

En medio de este escenario, la concejal de La Libertad Avanza, Laura Fernández, compartió en sus redes sociales una publicación de un medio local que exponía reclamos por falta de pediatras y dificultades para obtener turnos en unidades sanitarias de Berisso.

Fernández cuestionó a las autoridades municipales y sostuvo: “Menos política y más ocupación piden los vecinos. Una vergüenza el sistema de salud de Berisso”.

Los reclamos por deficiencias en la atención merecen respuestas concretas y las autoridades municipales tienen la responsabilidad de garantizar el funcionamiento de los centros de salud. Sin embargo, llama la atención que, en su cuestionamiento, la concejal no haya incluido ninguna referencia a los recortes nacionales que afectan de la peor manera al sistema sanitario que critica.

La discusión no debería limitarse a señalar las dificultades de las unidades sanitarias sin considerar cómo impacta en ellas la reducción del financiamiento nacional. Más aún cuando el espacio político al que pertenece Fernández integra el Gobierno responsable de esas decisiones.

Laura Fernández tiene un sueldo de privilegio como concejal, sin embargo ante el pedido de ayuda de los vecinos que sufren las consecuenciasde las decisiones del gobierno que representa, se niega y prioriza cuidados personales.

El interrogante que queda planteado es si la preocupación por la salud pública se traducirá también en un reclamo de la concejal ante las autoridades nacionales para sostener la provisión de medicamentos.

Porque los problemas sanitarios de Berisso necesitan respuestas del Municipio, de la Provincia y de la Nación. Los vecinos no pueden quedar atrapados en una disputa de responsabilidades mientras su salud está en juego.