En diálogo con Cadena Radial NOVA FM 88.5, la economista Alejandra Sfeir, asesora de la Subsecretaria de Energía de la provincia de Buenos Aires, se refirió al trabajo de investigación realizado sobre el servicio de energía de los últimos tiempos: aumentos de tarifa e inversiones fueron algunos ejes.

“Fue a una de las principales tareas a las que estuvimos abocados desde la Subsecretaría. Durante los primeros meses de este año se nos encomendó la tarea por parte de la Gobernación”, comenzó exponiendo Sfeir, añadiendo que se dio en el marco de la emergencia sanitaria y energética.

Poniendo en esquema la economista planteó que la gestión gubernamental anterior dejó un cuadro tarifario que debía incrementarse en enero de 2020. “Se decidió suspender ese aumento 180 días, que después fueron prorrogados. En ese marco se nos instruye a realizar este análisis para desglosar los criterios para el aumento desmedido de tarifas que tuvieron las empresas distribuidoras de energía eléctrica en el periodo 2016-2019”.

Asimismo, uno de los principales focos de estudio fueron las inversiones: “si se realizaron, si no y cómo vino el cumplimiento en este tema”, indicó la entrevistada.

Sobre los resultados de la tarea, Sfeir manifestó que “el primer resultado que pudimos ver es que todo el proceso denominado de revisión tarifaria integral (que comprendería el cuadro tarifario de 2017-2022) está plagado de problemas respecto de la información e informes técnicos que deben sustentar ese aumento”.

La falta de información concreta llevó a que se establezcan supuestos “que siempre fueron a favor de las empresas” y en este sentido la profesional explicó que “los aumentos se sumaron adicionalmente a la quita de subsidios a nivel nacional y que redundó en aumento en la factura de usuarios. Si observamos el periodo punta a punta vemos que hay facturas que varían desde el 2 mil hasta casi el 4 mil por ciento y esa suba no fue acompañada por inversiones”.

Ahondando un poco más, Sfeir postuló que “los montos que pagan los usuarios es el doble que el compromiso de las empresas, a las empresas se las comprometió por la mitad de lo que pagan los usuarios y a su vez el cumplimiento del compromiso es bajo, rondando entre el 40 y 50 por ciento de cumplimiento”.

Hay que agregar que estos análisis se realizaron sobre un usuario tipo residencial, con un consumo mensual, en lo que hace al cuarto tarifario y el impacto del mismo.

Este panorama fue consecuencia, expuesto por la entrevistada, de “ausencia estatal, las empresas pudieron aumentar tarifas y no invirtieron porque el Estado dio visto bueno a esto por omisión. El rol del organismo regulador y la autoridad de aplicación durante la gestión anterior fue casi nulo”.

“El común denominador de la gestión anterior fue el corrimiento del rol estatal”, expuso, teniendo los servicios públicos la necesidad de la presencia del Estado.