Por Maxi Pérez (@perezmaxi), corresponsal de NOVA en Casa de Gobierno y Legislatura

Las últimas horas de esta semana parecen haber cambiado las expectativas del nuevo gobierno respecto del reperfilamiento de la deuda en bonos BP21 que tienen vencimiento en febrero, pero que Axel Kicillof espera poder estirar hasta el 1° de mayo, y que si bien no representan un obstáculo serio para las finanzas, sí tienen un alto grado de representación del tratamiento que le dará el Ejecutivo a las deudas públicas.

Desde Juntos por el Cambio insisten con que la provincia cuenta con los recursos suficientes para afrontar el pago de 250 millones de dólares de capital y desde el gobierno no lo niegan, pero aclaran que el cambio en el orden de prioridades que el Frente de Todos busca imprimirle a la gestión hace que esos fondos deban ser destinados primero a resolver cuestiones urgentes como los programas de contención para los sectores indigentes, los jubilados, las PyMEs, la salud y la educación.

El cambio de humor en los pasillos de la gobernación se debe a que, según las estimaciones preliminares, la cartera económica estaba cerca de alcanzar un preacuerdo con el 75 por ciento de los bonistas, lo que cerraría la negociación de manera favorable, obligaría a los que no aceptaron la propuesta a entrar en el reperfilamiento de manera forzosa y, sobre todo, marcaría un antecedente importante para los futuros pagos que deberá enfrentar la provincia.

En ese sentido empieza a evidenciarse un llamativo interés de la oposición para que el gobierno peronista cumpla con los pagos en tiempo y forma, aún a pesar de que el reperfilamiento fue una herramienta puesta en marcha en el tramo final del gobierno de Mauricio Macri y que no representa ninguna quita de capital o intereses para los acreedores.

El presidente del bloque de Diputados de Juntos por el Cambio le reclamó al Ejecutivo que "muestre la hoja de ruta" de la deuda y presentó un pedido de informes, junto con su par del Senado, Roberto Costa, para que se detalle cuál es el estado de situación de las finanzas públicas respecto de la deuda, en principio, con el objetivo de eliminar del discurso oficial la idea de que no se pueden afrontar los pagos por falta de recursos.

La respuesta del oficialismo no se hizo esperar y la primera en pedir que los dirigentes del macrismo se "llamen a silencio" fue la ministra de Gobierno Teresa García, que salió con los tapones de punta en las redes sociales a recordar la situación en la que María Eugenia Vidal dejó a la provincia en materia de salud y educación y la falta de inversión en obras de infraestructura a pesar de los permanentes anuncios de gestión sobre esa materia.

A eso hay que sumarle el desastre de las PyMEs, que según las primeras estimaciones del titular de ARBA, Cristian Girard, acumulan deudas por cerca de 13 mil millones de pesos, es decir, un monto apenas por debajo de los 250 millones de dólares que la provincia debería cancelar este 26 de enero.

En otras áreas del gobierno también salieron a respaldar con números la medida para posponer el primer pago de deuda. En Salud, por ejemplo, ya está documentado un pasivo de más de 18 mil millones de pesos que además en una buena parte se encontraba “oculto” a través del cajoneo de expedientes por partes de funcionarios de la gestión Vidal, lo que explica la preocupación del gobernador sobre los números.

Finalmente, hay que decir que desde el equipo económico mantienen todavía el silencio sobre el futuro presupuesto y no está claro si esperan definiciones del gobierno central o si esa es la excusa para estirar los tiempos y completar el cuadro de situación antes de realizar la estimación de ingresos y gastos de la provincia para este año.

En el medio de esta discusión, que es la que verdaderamente motoriza o traba posibles cambios en la gestión de la cosa pública, Kicillof lanzó una especie de cortina de humo para entretener a los trolls en las redes sociales al anunciar que se implementaría el “lenguaje inclusivo” en la administración pública, un elemento que forma parte de las reivindicaciones de sectores medios, académicos e ideologizados, pero con escasa o nula entidad para significar un cambio real en la vida de algún bonaerense.

Eso sí, la medida provoca tanto rechazo en algunos sectores conservadores que el oficialismo se garantiza con esta decisión, que además está siendo acompañada por varios intendentes, que la discusión se centra en cuestiones que nada tienen que ver con las finanzas y las dificultades que deberá afrontar la gestión en sus primeros meses.