En los últimos días se reavivó la polémica por las obras que se llevan adelante en Isla Santiago, un territorio declarado paisaje protegido por ley provincial. Según informó el canal Somos La Plata, ambientalistas realizaron una nueva denuncia judicial por presuntas irregularidades en intervenciones que, aseguran, no se ajustan a la normativa vigente.

De acuerdo a lo expuesto, la presentación se da en el marco de una medida cautelar ya vigente sobre la isla. Los denunciantes sostienen que se están ejecutando obras que exceden lo permitido por la legislación y que incluso quedarían por fuera de lo establecido en la demanda judicial en curso.

Entre los principales cuestionamientos se mencionan la instalación de luminarias LED de alta potencia —que no serían aptas para áreas naturales—, la colocación de carpeta asfáltica sin cumplir todos los requisitos, y la aparición de nuevos loteos, cercados y construcciones de muelles.

Sin embargo, el debate no es lineal. En el mismo informe de Somos La Plata también se recogieron testimonios de vecinos de la isla, que plantean una mirada distinta sobre las obras y su impacto.

Algunos isleños defendieron las intervenciones, destacando mejoras concretas en la calidad de vida. “Hay mucha gente que habla del medio ambiente pero no vive acá”, expresó uno de los residentes, remarcando que los cambios responden a necesidades históricas de quienes habitan el lugar. En esa línea, valoraron especialmente el asfaltado de calles, la instalación de iluminación y los avances en servicios básicos como la conexión eléctrica y el acceso al agua.

“El asfalto es algo muy importante para nosotros”, señalaron, al explicar que anteriormente las calles de tierra se volvían intransitables con el barro, dificultando incluso el ingreso de ambulancias, bomberos o transporte público. También hubo quienes remarcaron el crecimiento del turismo como una fuente de ingresos clave para la comunidad.

Así, la situación en Isla Santiago expone una tensión cada vez más marcada entre la preservación ambiental y las demandas de infraestructura y desarrollo por parte de quienes viven en el territorio. Mientras la cuestión avanza en el ámbito judicial, el debate sigue abierto y suma nuevas voces en una discusión que combina ambiente, derechos y condiciones de vida.