Gimena Carvajal, concejal del bloque UCR-AMUBE.
En principio, Carvajal habló sobre la polémica generada en torno a la declaración jurada del jefe de Gabinete Manuel Adorni. “Les debería dar vergüenza porque nos toman de tontos a todos los argentinos. Primero plantean el régimen de inocencia fiscal y después aparecen estas situaciones que terminan beneficiando a personas vinculadas al propio espacio político. Está claro que no está pensado para el común de la gente ni para los monotributistas”, cuestionó.
Para la concejal opositora, la situación evidencia una doble vara a la hora de evaluar determinadas conductas públicas. “Si esto hubiera ocurrido durante otro gobierno, nadie estaría esperando tantas explicaciones. Ya estarían exigiendo renuncias”, sostuvo.
Por otro lado, se refirió a su participación dentro del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, donde actualmente se desempeña como vicepresidenta de la Comisión de Derecho de Familia. “Es un colegio que quizás estaba un poco dormido en algunos aspectos y hoy tiene muchísimo movimiento. Todos los días hay capacitaciones y actividades en distintas ramas del derecho”, destacó.
Asimismo, valoró especialmente el trabajo desarrollado en ciudades del interior. “El interior revivió. Se llevaron capacitaciones a distintos distritos y eso permitió que muchos colegas pudieran acceder a formación sin tener que trasladarse grandes distancias”, expresó.
Al ingresar en el análisis de la última sesión del Concejo Deliberante, Carvajal hizo foco en uno de los debates más controvertidos de la jornada: la aprobación de la nómina de mayores contribuyentes. “Desde hace varios años venimos reclamando el cumplimiento estricto de la normativa establecida por la Ley Orgánica de las Municipalidades. Nosotros no pedimos nada extraordinario, simplemente pedimos que se cumpla la ley”, afirmó.
Según explicó, la función de los concejales consiste en controlar que las personas inscriptas como mayores contribuyentes cumplan con los requisitos exigidos por la normativa vigente. “Tenemos que verificar que tengan domicilio real en Berisso, que no existan incompatibilidades y que no mantengan vínculos que les impidan integrar esa nómina”, detalló.
Sin embargo, cuestionó que el expediente haya llegado al Concejo con escaso tiempo para su análisis y sin documentación esencial para realizar los controles correspondientes. “No estaban ni siquiera las fotocopias de los documentos de identidad. ¿Cómo hacemos para verificar algo tan básico como el domicilio si no tenemos la documentación?”, planteó.
Además detectaron que una parte importante de los inscriptos mantiene contratos vigentes con el Municipio. “De los cuarenta inscriptos encontramos que dieciocho son proveedores del Estado municipal y una de las incompatibilidades justamente tiene que ver con tener contratos con el Municipio”, sostuvo.
Por esa razón, explicó que desde la oposición solicitaron que el expediente fuera girado a comisión para poder analizar cada caso de manera individual. “No nos corresponde interpretar la ley, nos corresponde controlar que se cumpla”, remarcó.
Consultada sobre las críticas del oficialismo respecto de que la oposición no presentó nombres alternativos para integrar la nómina, Carvajal rechazó ese planteo. “No existe ninguna obligación legal que indique que los concejales debamos proponer mayores contribuyentes. Nuestra responsabilidad es controlar que quienes se inscribieron cumplan los requisitos”, respondió.
En ese marco, lamentó que finalmente la nómina haya sido aprobada sin modificaciones. “Dieciocho proveedores del Estado van a terminar decidiendo cuestiones tan sensibles como un eventual aumento de tasas. Dieciocho proveedores del Estado terminarán definiendo las tasas municipales, es una lástima”, expresó.
Respecto de la judicialización del tema, la concejal recordó que el año pasado la oposición presentó una acción de amparo para cuestionar el procedimiento. “La Justicia nunca dijo que no teníamos razón. Lo que dijo es que, al haberse realizado la sesión, correspondía iniciar el proceso principal para discutir la validez de esa conformación”, aclaró.
La resistencia del oficialismo frente a la intervención judicial evidencia una incomodidad frente al control institucional. “Nosotros no le estamos pidiendo a la Justicia que gobierne el Concejo Deliberante. Le estamos pidiendo que se cumpla la ley vigente”, manifestó.
Por otro parte, la concejal explicó que desde su bloque decidieron abstenerse debido a las dudas existentes sobre la situación dominial del inmueble ubicado en Palo Blanco. “Solicitamos que el expediente permaneciera en comisión porque había varios aspectos que necesitaban mayor análisis”, indicó.
Según relató, existen indicios de que parte de una vivienda perteneciente a la familia Ramallo podría encontrarse sobre el terreno que el Municipio pretende adquirir en el marco de la quiebra del Banco Crédito Provincial. “No existe un estado parcelario que permita determinar con precisión dónde termina una propiedad y dónde comienza la otra”, señaló.
Asimismo, explicó que la preocupación radica en que actualmente existe una acción de usucapión iniciada por la familia que podría terminar reconociéndoles la titularidad sobre el terreno. “Nos preguntamos cuál es el sentido de que el Municipio gaste dinero en comprar algo que después probablemente pierda en la Justicia”, planteó.
Si bien reconoció que el valor de compra no resulta elevado, advirtió que podrían sumarse posteriormente costos judiciales mucho más importantes. “No es solamente el millón y medio que cuesta el terreno. Después vienen abogados, costas, presentaciones judiciales y eventualmente una derrota en el juicio”, argumentó.
También se refirió al episodio ocurrido días atrás en las inmediaciones del Concejo Deliberante, cuando una persona arrojó un elemento incendiario en el edificio. “Lo primero que hay que decir es que cualquier hecho de violencia merece un repudio absoluto”, afirmó.
No obstante, también consideró necesario analizar el contexto particular del caso y prestar atención a posibles situaciones vinculadas a la salud mental. “Hay cuestiones personales que hacen que el análisis no pueda ser tan lineal. Eso no significa justificar nada, pero sí entender que existen problemáticas que deben abordarse”, señaló.
La edil reconoció que el episodio generó preocupación entre los trabajadores y concejales que desarrollan actividades cotidianamente dentro del edificio. “Es nuestro lugar de trabajo y muchas veces estamos allí con nuestras familias. Por supuesto que genera incertidumbre y preocupación”, admitió.
Otro de los temas abordados fue la declaración de la emergencia alimentaria impulsada por distintos bloques de la oposición. “Las organizaciones sociales vinieron a plantear una problemática concreta y nosotros entendemos que debemos dar una respuesta institucional”, explicó.
Según sostuvo, una declaración formal de emergencia permitiría otorgar herramientas adicionales al Ejecutivo para afrontar situaciones críticas. “No alcanza solamente con emitir un repudio o expresar preocupación. Tenemos que generar herramientas concretas que ayuden a resolver los problemas”, afirmó.
Finalmente, la concejal fue consultada sobre el escenario político local y la posibilidad de eventuales acuerdos con otros espacios opositores. En ese sentido, descartó cualquier acercamiento con La Libertad Avanza. “No me veo en ese espacio. Tengo ideas muy claras y en muchas cuestiones estoy en la vereda de enfrente”, sostuvo.
Por último, Gimena Carvajal destacó el proceso de consolidación que atraviesa el espacio UCR-AMUBE junto a otros sectores políticos locales. “Todavía es temprano para hablar de candidaturas. La gente tiene problemas mucho más urgentes que resolver. Pero sí puedo decir que venimos trabajando muy bien, construyendo vínculos sólidos y fortaleciendo un proyecto político común”, concluyó.
