Se acaban de presentar por mesa de entrada del Concejo Deliberante de nuestra ciudad dos propuestas de ordenanza donde se propone el apoyo de este cuerpo deliberativo a a los proyectos presentados en el Senado de la Nación bajo el número de Expediente 536/22 que tiene por objeto la Modificación de la Ley 21526 (Entidades Financieras) respecto de actualizar y modificar las excepciones en materia de secreto bancario, bursátil y fiscal, respectivamente; y en el mismo ámbito legislativo, bajo el número de Expte.535/22 que tiene como objeto la creación de un Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional.

En los considerandos de la propuesta de apoyar la creación de un Fondo Nacional, se explica que se torna necesario generar las bases financieras necesarias para hacer frente a la obligación contraída por Juntos Por el Cambio en la presidencia de Mauricio Macri, con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin dejar de lado la imperiosa necesidad de recuperación de la económica de nuestro país.

Los 44.500 millones que se tomaron de deuda por parte de nuestro país, tuvieron como destino, en gran medida, el financiamiento de la salida de divisas de nuestro país, en un nítido proceso de fuga de capitales. Por ello, explican, se torna necesario analizar, investigar y detectar el destino de esos fondos a través de organismos como AFIP, PROCELAC, la UIF y la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Deuda Exterior de la Nación, del Honorable Congreso de la Nación.

En el proyecto de modificación de la Ley de entidades financieras se explicita que la evasión fiscal se encuentra reprimida con penas de multa y de prisión habida cuenta que es entendida como una conducta defraudatoria, dejando en claro que la actual Ley 21526 de Entidades Financieras, promulgada el 14 de febrero de 1977, firmada por el presidente de facto Jorge Rafael Videla y por su ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, ha sido una piedra basal para la implementación de un sistema económico y financiero concentrado, extranjerizador y privatizador, ya que promueve el predominio de las finanzas especulativas sobre la producción y se transformó entonces en el andamiaje legislativo que dio lugar a la desaparición del modelo de industrialización por sustitución de importaciones.

Por otro lado, se argumenta, esta ley ha sido pensada y escrita a la medida de los grandes grupos concentrados, no contempla a las pequeñas y medianas empresas y  desregula completamente la actividad financiera, y bursátil, concretando un cambio radical en las condiciones de acumulación de capital y favoreciendo la creación de un mercado de capitales de corto plazo y alta liquidez.

Por último, explican que el secreto financiero imposibilita el eficaz desarrollo de políticas públicas y acciones nacionales e internacionales relativas a la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, los paraísos fiscales y la evasión impositiva, el fraude, entre otros; y por ello se pide la modificación de la mencionada ley.

Las agrupaciones firmantes Marechal, Corriente Descamisados, 11 de Agosto, Corriente Popular Vallese y Soles de Mayo, entienden estos proyectos locales como un aporte a la campaña que se viene realizando a nivel nacional juntando firmas y concientizando; pero también como la posibilidad para que en nuestro Concejo Deliberante se expresen las fuerzas políticas si están o no de acuerdo con el delito de fuga de capitales y quienes piensan que deben pagar la deuda contraída: si quienes menos tienen a partir de impuestazos, cierres de fuentes laborales y ajustes o que la paguen en principio quienes delinquen evadiendo impuestos.