En diálogo con BerissoCiudad en Radio, el secretario de Economía de la Municipalidad, Gabriel Bruno, se refirió al proyecto -ya convertido en ordenanza- que vincula el cobro de la deuda por tasa municipal a una empresa privada y a la moratoria que se lanzó en función de la necesidad de la comuna de recaudar.

Pese a tratarse de una ordenanza que otorga potestad a un tercero de relevar y manejar datos de la economía pública, Bruno comenzó manifestándose contra el rótulo de “privatización” apuntado a que “es erróneo el concepto. No hay ningún proyecto para el cobro de tasa municipal porque está prohibido por parte de empresas privadas”, argumentó el funcionario e indicó que “se trata de una licitación pública para el fortalecimiento del sistema tributario del municipio”.

Ancló el análisis en la falencia de datos sobre toda de ABL, Generales Urbanos, Seguridad e Higiene y todo lo que hace a relevamientos y habló de “reorganización” sosteniéndose en un convenio de 2016 de cruce de datos con ARBA. “Esto nunca tuvo ingreso por parte del Municipio hasta enero de este año, a partir lo que se fueron detectando irregularidades”, mencionó y ejemplificó con la instalación de antenas, uso de espacio público y cartelerías, sin pagar la tasa.

Por otro lado, más allá de que la ordenanza comprende el trabajo de recursos humano ajeno a la órbita municipal y reconociendo la necesidad de capacitación, el secretario indicó que “tenemos un gran apoyo y gran acompañamiento por parte de trabajadores municipales”.

Otro punto que se desarrolló en función de la preocupación de los vecinos y del pequeño y mediano comerciante es que los mismos no quedaron exentos del relevamiento, en lo plasmado en la redacción del proyecto.

“En una licitación es muy difícil detallar a partir de dónde voy a delimitar una acción. Voy a hacer un relevamiento integral, a partir de ahí el municipio es el único responsable y con autoridad para determinar a quién”, expuso.

Y señaló con respecto a la aprobación legislativa que “la ordenanza aprueba un pliego, no una contratación. Una vez preadjudicada esa empresa se pueden hacer las excepciones siempre y cuando la empresa lo aceptó”. Luego recalcó: “pero plasmar en un pliego que como funcionario no voy a reclamar una deuda que tenga un contribuyente con el municipio no lo puedo haber, porque incumpliría con mi función”.

“Es facultad exclusiva del intendente de delimitar y tengo la orden de buscar aquellas empresas que han facturado mucho y no han registrado deuda. La única intención con el pequeño negocio que no está habilitado, que no lo tengo en las bases y no está contribuyendo, lo vamos a ayudar a que se habilite y de ahí comenzará a pagar una tasa sobre la que nadie tiene injerencia ni va a cobrar  un centavo”, subrayó Bruno.

El plazo de ejecución es desde que se firma el contrato correspondiente hasta el 10 de diciembre  2023: “se libera las manos si es que alguien considera que no es beneficio para el municipio”, dijo apuntando a que “debo cuidar al negocio que está habilitado y eso es incorporar todos los negocios que están a su alrededor y que no tributan al municipio”.

En cuanto al porcentaje que cobrará la empresa que realizará el relevamiento no está plasmado en papel. Ante esto, Gabriel Bruno explicó que “no se puede determinar porque cuando salgo a solicitar un precio en una licitación puedo llegar a tener un Estimado pero el porcentaje real o el costo de una adquisición se tramita a a través de una licitación pública y puede participar cualquiera”.

Respecto a las condiciones para las empresas que compitan, el funcionario enfatizó: “debo imponer condiciones. No puedo obtener el riesgo que ingrese una empresa que no tenga antecedentes en la materia”, apuntando a la profesionalidad cuando por otro lado, distintos espacios cuestionan que los requisitos son “un embudo” dejando afuera o con pocas posibilidades a cualquier empresa local o regional.

“Yo no creo que esté librado al azar, el proyecto persigue incorporar a todos aquellos que no están”, sentenció Bruno.

Y añadió que “para tomar una decisión hay que tener información” y sobre la ejecución de deuda “una vez que el relevamiento está en Ingresos Públicos vamos a ir a buscar a las empresas que han facturado mucho. Sobre deudas vencidas sobre el ejercicio anterior y hasta cinco años para atrás se las puede relevar”.

Y sobre el vecino recalcó que “conocen a Fabián, saben quién es. No piensen que al vecino común desde Ingresos Públicos van por él”.

En cuanto a la administración pública, planteó que “los expedientes deben hablar por cuenta propia, si alguien debe salir a explicar ese expediente no está bien armado. En Berisso debemos profundizar sobre eso, para que se armen como correspondan y se expresen para que el tribunal de cuenta evalúe cómo corresponde. No voy a negar que cuando haya herramientas, como salgo a buscar cualquier cosa a la administración privada, en beneficio del municipio las voy a buscar y voy a optimizar recursos y eso implica cuidarlos”.

Cabe agregar que el proyecto fue aprobado en el HCD en la primera sesión virtual, con la presencia de 12 ediles, por lo que hoy el Ejecutivo tiene la habilitación para contratar una empresa que releve la situación impositiva general de Berisso, ya que si bien la decisión del ejecutivo apunta a las grandes empresas la ordenanza posibilita incorporar al vecino y a los pequeños y medianos comerciantes.

Moratoria ante la necesidad de incrementar recaudación

“Tenemos esta última semana de moratoria, terriblemente beneficiosa para regularizar situaciones y entendiendo que estamos en un momento económico difícil”, expuso sobre esto el secretario comunal.

El objetivo según el funcionario es registrar “los que no tenemos y no sabemos. No creo que haya alguien que no esté de acuerdo con esto. Estoy persiguiendo que me comiencen a pagar ahora para que la recaudación del municipio se incremente”.

Para graficar la situación, se volvió a comparar el pago de la tasa con un servicio público como la luz.

“Hay 22 mil medidores y de ingresos públicos emitimos alrededor de 29 mil partidas de 45 mil viviendas. De las que emito hoy cobramos entre 4800 y 6 mil partidas”, completó, vinculando esto a los servicios Públicos que la comuna debe garantizar.