Por Maxi Pérez (@perezmaxi), corresponsal de NOVA en Casa de Gobierno y Legislatura

Ni la insipiente aparición de Florencio Randazzo, ni las peleas de La Cámpora o el acuerdo electoral entre Sergio Massa y Margarita Stolbizer pueden superar esta semana a la iniciativa mas importante en términos políticos y electorales en lo que va del año que tiene que ver son la intención del macrismo bonaerense de asumir a la inseguridad como el principal eje de campaña.

El primer paso fueron los sondeos de opinión y rumores sobre una posible candidatura de Carolina Píparo, víctima de una salidera y referente de la lucha ciudadana contra el delito, que, según los números de febrero, se impondría en la octava sección si encabezara la nómina de diputados.

Pero después el gobierno bonaerense presentó con bombos y platillos una iniciativa para profundizar los cambios en la Policía Bonaerense, realizando controles antidrogas y extendiendo la obligación de presentar declaraciones juradas de forma pública para jerarquías que no estaban alcanzadas por ese requisito normativo.

Los anuncios los realizó la gobernadora María Eugenia Vidal junto a su ministro de Seguridad Cristian Ritondo, en lo que además significó un nuevo espaldarazo para el alicaído funcionario, que esta semana fue duramente cuestionado por la diputada nacional Elisa Carrió, mientras abandonaba el escenario bonaerense para confirmar su candidatura porteña.

A partir de la entrada en vigencia de la nueva resolución, se pondrá en marcha un sistema compulsivo de exámenes sobre los uniformados para detectar el consumo de sustancias prohibidas, que de todas maneras se completará recién dentro de 2 años, según las palabras del propio Ritondo.

La verdad es que cuando pasó el impacto inicial de la noticia se profundizaron las dudas sobre que podría ocurrir con los efectivos que dieran positivo en los exámenes o, peor aún, ¿qué pasaría si se detectan consumidores en un porcentaje alto, superior al 10 por ciento?.  "Esperemos que no pase", fue la respuesta del ministro ante la consulta de la prensa en ese sentido.

Además, quedó flotando en el aire la sensación de que todo se trataba de una respuesta espasmódica luego de la viralización en las redes del video de un uniformado consumiendo cocaína arriba del patrullero, en pleno horario de servicio, y hasta alardeando delante de su compañera ante esa situación.

Lo que nadie dijo claramente es que ese integrante de la fuerza fue sancionado en ajuste a lo dispuesto por el Decreto 1050/09, reglamentario de la Ley 13982, que regula la actividad del personal de la policía de la provincia de Buenos Aires, y que considera "falta grave" el consumo de drogas.

Primero hay que decir que las faltas graves son de competencia originaria de la Auditoría de Asuntos Internos, pudiendo dar lugar "a sanción de exoneración, cesantía o suspensión del empleo sin goce de haberes de hasta sesenta (60) días, aplicables por resolución fundada en el marco de una investigación sumarial administrativa".

Y en su artículo 202, el Decreto Reglamentario enumera las faltas graves, ubicando en primer lugar a "Detentar sustancias estupefacientes, con cualquier finalidad", y en segundo término "Encontrarse en estado de ebriedad o intoxicación por el consumo de estupefacientes estando de servicio o uniformado".

De solo 2 incisos, de un solo artículo de una norma vigente, se desprende que todo el andamiaje presentado por la provincia para profundizar la purga policial (aunque Vidal insiste en que no se trata de una Purga), no es más que una actualización de lo ya existente, lo que equivale a decir que no hacía falta ningún anuncio, sino apenas aplicar las leyes.

Aunque en el Decreto 1050/09 no se hable de pesquisas y controles, es obvio que sin ellos es imposible detectar drogas o determinar si una persona se encuentra en estado de intoxicación con alguna sustancia prohibida.  Eso sí, esa norma deja expresamente aclarado que solo tiene vigencia con el personal de servicio o que aún fuera de servicio, todavía se encuentra uniformado, es decir que mantiene el respecto a la privacidad de las personas.

Entonces o Ritondo y Vidal pretenden sancionar a los policías por una borrachera fuera de servicio y en la intimidad de su hogar, o la batería de medidas está más cerca de ser una cortina de humo que una intención transformadora.

Por otro lado, de esta manera se actualiza la tensión sobre la fuerza, desactivando nuevamente cualquier posibilidad de reclamo salarial como el que le tocó enfrentar a Daniel Scioli en el último tramo de su mandato, poniendo en riesgo la seguridad de la población.

Que hay consumo de drogas entre los efectivos no lo niega nadie en la fuerza, tampoco nadie duda que hoy todos están apuntados por el gobierno y por una buena parte de la sociedad y que cualquier mal ejemplo podría terminar convertido en el clishe y por eso ni el más honesto de los policías se siente cómodo en esta situación.

Esa es quizá la verdadera razón del gobierno, y entonces el objetivo no es avanzar con los controles, sino amagar con avanzar para mantener a raya cualquier reclamo, o como diríamos en el barrio “si hay miseria, que no se note”.