Referentes de organizaciones sociales y sindicales de Berisso alertaron sobre el fuerte impacto económico y social que generará la eliminación del programa “Volver al Trabajo”, una medida del Gobierno nacional que —según señalaron— implica una pérdida de más de $3.744 millones anuales para la economía local.

En diálogo con BerissoCiudad, Viviana Mustafá, junto a Marcos Marini y Catalina Cejas, cuestionaron la decisión oficial y advirtieron sobre sus consecuencias en los sectores más vulnerables.

De programa a “asistencia”: un cambio con pérdida de derechos

Mustafá explicó que la medida no solo implica una reducción económica, sino también un cambio de fondo en la concepción del trabajo en la economía popular.

“Lo que antes era un programa con contraprestación laboral, formación y derechos, hoy se transformó en una asistencia congelada y sin garantías”, sostuvo.

En ese sentido, recordó que iniciativas como Potenciar Trabajo —y antes Hacemos Futuro— estaban vinculadas al salario mínimo y contemplaban capacitaciones, organización comunitaria y desarrollo productivo. “Eso desapareció. Hoy hablamos de un ingreso fijo de $78.000, congelado desde 2023, sin actualización ni derechos asociados”, remarcó.

Impacto directo en Berisso

Según los datos difundidos por las organizaciones, la medida afecta a alrededor de 4.000 personas en la ciudad y tiene un efecto directo en la economía barrial.

El relevamiento indica que:

-Se pierden $312 millones mensuales de circulación económica.

-El impacto anual asciende a $3.744 millones.

-Alcanza de forma indirecta a más de 16.000 vecinos y vecinas.

“Esa plata no se ahorra, se gasta en el barrio: en alimentos, transporte, garrafas o alquileres. Cuando desaparece, se resiente todo: el almacén, la verdulería, el remisero”, explicó Marini.

El rol clave de la economía popular

Los referentes coincidieron en que los trabajadores alcanzados por el programa cumplen tareas esenciales en la comunidad: comedores, merenderos, reciclado, producción textil, cuidado de personas mayores y niñez, entre otras.

“Son trabajadores que sostienen la vida en los barrios”, afirmó Cejas, quien además remarcó que muchas de estas tareas fueron fundamentales durante la pandemia.

“Las compañeras estuvieron en comedores, en operativos sanitarios, haciendo relevamientos, incluso capacitándose para hisopados. Eso también es trabajo, y hoy no está siendo reconocido”, sostuvo.

Más presión sobre una red social al límite

Las organizaciones advirtieron que la eliminación del programa agrava una situación social ya crítica. “Estamos en un límite. Hay problemas de hambre, de consumo problemático, de violencia. Y toda esa contención la hacen los propios vecinos organizados”, señaló Cejas.

En esa línea, alertaron que la quita del ingreso también implica la pérdida de beneficios asociados, como el subsidio al transporte, lo que dificulta incluso la posibilidad de acceder a capacitaciones.

“Les piden que se formen, pero sin ingreso y sin la SUBE subsidiada. Es inviable”, cuestionó Mustafá.

Protestas y reclamos en marcha

Frente a este escenario, las organizaciones confirmaron que ya iniciaron medidas de fuerza a nivel nacional y anticiparon nuevas acciones para visibilizar el conflicto.

“Esto es la gota que rebalsó el vaso. Nos estamos organizando entre todos los espacios para sostener lo que el Estado nacional está dejando de cubrir”, afirmó Marini.

Además, adelantaron que impulsarán un posicionamiento institucional en el Concejo Deliberante de Berisso, con el objetivo de que se exprese el rechazo a la medida y se discutan alternativas locales.

“No es asistencia, es trabajo”

Como síntesis, Mustafá cuestionó el enfoque del Gobierno nacional y el propio nombre del programa:

“Hablar de ‘volver al trabajo’ es desconocer que estas personas ya trabajan todos los días en sus barrios. Lo que se está haciendo es quitarles derechos y debilitar una red social que hoy es indispensable”.