En los últimos días, una decisión del Gobierno nacional encendió señales de alerta en distintos sectores vinculados a la discapacidad. A través del Decreto 942/2025, publicado en el Boletín Oficial, se oficializó el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo que hasta el momento tenía a su cargo la administración de las pensiones no contributivas y la coordinación de políticas públicas destinadas a personas con discapacidad.

La medida establece que las funciones de la agencia serán absorbidas por el Ministerio de Salud, mediante la creación de una Secretaría Nacional de Discapacidad, en el marco de la prórroga de la emergencia sanitaria. Desde el Ejecutivo nacional sostienen que la decisión se apoya en auditorías que habrían detectado irregularidades en los controles internos y aseguran que no se interrumpirán los pagos ni los trámites en curso.

En este contexto, la concejala de Unión por la Patria, Carla Domínguez, referente en la agenda de discapacidad a nivel local, expresó su profunda preocupación en diálogo con Berisso Ciudad y fue contundente al analizar el alcance de la medida.

“La disolución de la ANDIS me resulta sumamente preocupante y grave. No tiene que ver con una cuestión de organigrama o de reestructuración administrativa, sino de perspectiva, de modelos y de conquistas”, sostuvo.

La edil remarcó que la decisión implica un retroceso en materia de derechos: “Marca un profundo retroceso en el reconocimiento de la agenda, de los derechos y de la lucha histórica de las personas con discapacidad”.

Domínguez también cuestionó el enfoque que, a su entender, intenta reinstalar el Estado nacional al trasladar el área exclusivamente al ámbito sanitario: “La absorción del ANDIS por parte del Ministerio de Salud es el paradigma que el Estado nacional pretende volver a instalar. Las personas con discapacidad no necesitan sólo asistencia sanitaria; requieren una mirada social e integral que incluya educación, trabajo, transporte, accesibilidad y apoyos para la vida independiente en comunidad”.

En ese sentido, rechazó el argumento oficial vinculado a la eficiencia: “El cierre de la ANDIS no es un recorte técnico, es una definición política que quita derechos. No es eficiencia en el uso de los recursos, es abandono”.

Y concluyó con un mensaje directo: “Manifiesto mi rechazo a la crueldad y a las decisiones a las que están siendo sometidas las personas con discapacidad y sus familias”.

Cabe recordar que la Agencia Nacional de Discapacidad no sólo administra las Pensiones No Contributivas (PNC), sino que además certifica el Certificado Único de Discapacidad (CUD), documento clave para el acceso a derechos y prestaciones. Según cifras recientes, en Argentina hay casi dos millones de CUD vigentes, lo que dimensiona el alcance y la sensibilidad social de la medida adoptada por el Gobierno nacional.