El teléfono de Ángel Pérez habría sido registrado en la zona del módulo policial durante la franja horaria en la que ocurrió el disparo. La familia reclama que se investigue su posible presencia en el lugar y pide apartar al fiscal y cambiar la UFI.

La investigación por la muerte de Érica Valdez, la policía que recibió un disparo mientras cumplía funciones en un módulo policial de Berisso el pasado 9 de abril, suma nuevos elementos. Tras conseguir que la causa dejara de investigarse bajo la hipótesis de suicidio y fuera recaratulada como femicidio, ahora la familia pone el foco sobre Ángel Pérez, expareja de la víctima, y reclama que se profundice la investigación sobre sus movimientos durante aquella jornada.

Según difundió la familia a través de redes sociales, un informe de geolocalización ubicaría la línea telefónica de Pérez en la zona del módulo policial entre las 19 y las 19.20, franja horaria en la que habría ocurrido el disparo.

El elemento resulta relevante para los familiares porque, según sostienen, Pérez había declarado que ese día permaneció en su domicilio cuidando a su hijo. Sin embargo, el registro de antenas mostraría el desplazamiento de su teléfono desde la zona de su vivienda hacia el lugar del hecho y posteriormente su regreso.

Se trata de un elemento que deberá ser evaluado por la Justicia junto con el resto de las pruebas: la ubicación de una línea telefónica no determina por sí misma quién portaba el aparato ni establece una responsabilidad penal. Para la familia, sin embargo, la aparente contradicción merece ser investigada en profundidad.

Las cámaras y las medidas que reclama la familia

Los familiares también aseguran que en imágenes aportadas por YPF aparece una persona desplazándose desde calle 128 hacia el módulo policial en el horario del hecho. Por ese motivo, solicitan mejorar esos registros y analizar también cámaras pertenecientes a Y-TEC para intentar establecer de quién se trataba.

En este contexto, cuestionaron que todavía existan medidas que consideran pendientes y también hicieron público su malestar por la forma en que se habría evaluado el informe de geolocalización durante la investigación.

Por ello, solicitaron el apartamiento del fiscal Álvaro Garganta y del instructor Germán Di Pascuale, además de pedir que el expediente pase a la UFI N°13, especializada en Violencia de Género.

De suicidio a femicidio

La muerte de Érica Valdez fue investigada inicialmente como un suicidio, hipótesis que su familia rechazó desde el comienzo. Luego de meses de reclamos y presentaciones, la causa fue recaratulada como femicidio, abriendo una nueva etapa de la investigación.

Ahora los familiares reclaman que se produzca toda la prueba pendiente, que se investigue concretamente si Pérez estuvo en las inmediaciones del módulo policial y que se determine qué sucedió durante los minutos centrales de aquella noche.

El planteo de la familia es contundente: quieren saber quién disparó, si hubo otras personas involucradas y por qué el teléfono de la expareja de Érica habría estado en la zona en un horario que, según sostienen, contradice la versión que él dio ante la Justicia.