En Argentina, más de 17 millones de personas consumen agua con altos niveles de arsénico, superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Así se desprende de un estudio del Programa de Medio Ambiente de la Universidad Nacional de Rosario (UNR-2024).

Además, el trabajo indica que la problemática afecta al menos a 12 provincias, teniendo una fuerte incidencia en Buenos Aires. La OMS establece un límite seguro de 0,01 mg/l, pero en muchas localidades este umbral se supera ampliamente.

Los reclamos vecinales vinculados a la temática se propagan por diversos puntos del territorio provincial desde hace al menos una década. En este marco, recientemente, ante un recurso de amparo presentado por ciudadanos de Chivilcoy, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires rechazó la queja de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) y dejó firme el fallo que obliga a la empresa a garantizar agua potable con menos de 10 µg/L de arsénico, tal como lo exige el Código Alimentario Argentino.

El arsénico es un metaloide tóxico, que puede ingresar al agua potable a través de fuentes naturales (como la erosión de las rocas) o actividades humanas (como la minería y la agricultura). La ingesta permanente de esta sustancia puede tener efectos graves en la salud, incluyendo problemas cutáneos, cardiovasculares y reproductivos, entre otros, además de poseer potencial carcinógeno reconocido en humanos.

Ante esta situación, el Consejo Profesional de Química de la provincia de Buenos Aires se manifestó en estado de alerta por la crisis en el acceso al agua segura para la población argentina, y en particular para la de la provincia de Buenos Aires.

En esta línea, desde desde la entidad se consideró que -si bien la presencia de arsénico en el recurso vital es un flagelo de larga data y ciertamente invisibilizado- “el estudio llevado a cabo por la UNR constituye un diagnóstico abarcativo que brinda una certera dimensión del problema”.

Al respecto, el presidente del CPQ-PBA, Carlos Colángelo, expresó que “nuestra entidad viene registrando desde hace tiempo la presencia de arsénico en el agua para consumo de muchas localidades bonaerenses, esta investigación pone en evidencia la impunidad y la negligencia general con la cual se presta un servicio esencial a la ciudadanía”.

“Esta realidad no pudo ni puede ser desconocida por las empresas prestatarias, ni por las autoridades de gestión sanitaria y ambiental; resulta inconcebible que no se realicen los análisis correspondientes, ni los tratamientos adecuados a cargo de personal químico matriculado, para revertir los altos niveles de arsénico en el agua para consumo humano”, agregó el profesional.

Asimismo, expuso que “resulta imprescindible que la población tenga acceso a la información veraz sobre la calidad del suministro que consume, y que al mismo tiempo se arbitren medidas reparatorias de manera urgente por parte de las empresas y las autoridades gubernamentales”.

En consecuencia, desde el Consejo Profesional de Química, se hizo un llamado “a iniciar un proceso de trabajo mancomunado e integral con la intervención del sector público y el privado, en pos de la salud de la población, y con el objetivo ineludible de garantizar el acceso pleno y seguro al agua potable”.