Debate impostergable

"Las mujeres siguen muriendo porque el principal problema son los abortos clandestinos"

Es urgente.
Es urgente.

En diálogo con BerissoCiudad en Radio, la delegada de la Campaña Nacional por el Derecho a Decidir en Berisso, Flavia Paillacan, se refirió a la situación actual del tema, al debate y marco legal entre otras cosas.

Flavia recalcó que el este año debía llevarse a cabo el tratamiento de la ley por la legalización del aborto seguro y gratuito en el Congreso de la nación y que por la pandemia se postergó.

“Las mujeres siguen muriendo porque el principal problema son los abortos clandestinos que siguen sucediendo en nuestro país”, advirtió y recordó el lema “niñas no madres” donde se visibiliza la existencia de violaciones a menores “y sin embargo son obligadas a continuar un embarazo”.

“Educación Sexual Integral para decidir; anticonceptivos para no abortar y aborto legal seguro y gratuito para no morir”, son las bases de la campaña.

“La interrupción voluntaria es el último paso, existen dos pasos de prevención. El aborto clandestino es un problema social, hay un Estado que tiene que ser responsable y las víctimas son las mujeres gestantes”, expuso Pallacan.

“Desde 1921 en Argentina existe la interrupción legal de embarazo en dos causales -explicó- en caso de violación o de que esté en peligro la vida de la madre”.

“Está ley fue reivindicada en 2012 por el fallo FAL y con distintos protocolos. Desde 2019 existe un protocolo nacional y este año con la creación del Ministerio de las Mujeres la decisión fue adherir provincialmente al protocolo”, añadió la activista.

Asimismo, detalló que “a nivel provincial y municipal las mujeres que se encuentren con un embarazo no intencional y en riesgo su salud pueden acceder ya sea en un hospital o en consejerías específicas que se les brinda información pre y post interrupción. Es un derecho y como derecho es de acceso público y se realiza en un espacio de salud pública y por profesionales de la salud”.

Paillacan también apuntó al debate y las posturas sociales: “el derecho al acceso no es opinar, ese derecho existe y existe un Estado que es responsable de otorgarlo”.

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