La directora de Derechos Humanos de la Municipalidad, Mara González, dialogó con FM Berisso Ciudad sobre la intervención realizada ante el caso de una persona en situación de calle que permanece en la zona de 123 y 64.

En primer lugar, González confirmó que el Municipio tomó conocimiento del caso luego de que vecinos manifestaran su preocupación por la presencia de un hombre durmiendo en la vía pública, y explicó que el área intervino inmediatamente. "Tomamos conocimiento anoche a partir de la nota que nos hicieron llegar ustedes y alrededor de las diez de la noche nos acercamos al lugar para entrevistar a esta persona", indicó.

La funcionaria explicó que la Municipalidad cuenta con un dispositivo específico para atender este tipo de situaciones. "Nosotros tenemos un Centro de Integración Social que funciona los 365 días del año, las 24 horas, donde alojamos a personas en situación de calle y abordamos cada caso de manera integral junto con distintas áreas del municipio", detalló.

Además, explicó que durante el operativo se le ofrecieron distintas alternativas para resguardar su integridad, aunque el hombre decidió no aceptar ninguna de ellas. "Se mostró bastante hostil y se negó a ser asistido. Junto al delegado de la Zona I, Leonardo Calvo, le acercamos comida, frazadas y distintas alternativas para acompañarlo, pero rechazó toda la ayuda", señaló.

Asimismo, indicó que el Municipio también mantuvo contacto con los vecinos que habían alertado sobre la situación para informarles cómo se estaba desarrollando la intervención. Sin embargo, aclaró que existe un límite legal muy claro respecto al accionar del Estado. "Nosotros no podemos obligar a las personas a hacer algo que no quieren. Podemos ofrecer ayuda, insistir y acompañar, pero no forzar una decisión en contra de su voluntad", remarcó.

La directora de Derechos Humanos explicó que cada caso requiere una evaluación específica antes de definir qué tipo de intervención corresponde. "Cuando llegamos evaluamos si se trata de una persona con problemas de salud mental, consumo problemático o alguna otra situación de vulnerabilidad. También verificamos si existe un pedido de averiguación de paradero y trabajamos en conjunto con la Secretaría de Seguridad", explicó.

En ese sentido, sostuvo que también deben contemplar la convivencia dentro del Centro de Integración Social. "No podemos exponer a los trabajadores ni a las personas que ya están alojadas allí. Cada ingreso requiere una evaluación previa", afirmó.

Según explicó, detrás de estos casos existen múltiples factores. "Es una problemática estructural y multicausal. Tiene que ver con la crisis económica, pero también con la fragmentación de los vínculos familiares, los problemas de salud mental, los consumos problemáticos, la violencia intrafamiliar y las dificultades para acceder a un alquiler", sostuvo.

Respecto del hombre encontrado en 123 y 64, Mara González informó que el Municipio continúa trabajando para intentar reconstruir su entorno familiar. "Hoy volvimos a acercarnos para continuar con la intervención y estamos esperando información de otros organismos para obtener algún domicilio o teléfono de familiares que nos permita seguir acompañando esta situación", explicó.

La funcionaria indicó que durante el primer contacto la persona brindó muy pocos datos. "Solamente le dio su nombre, apellido y DNI al delegado. Con esa información verificamos que no existiera un pedido de averiguación de paradero y ahora seguimos buscando algún vínculo familiar que pueda colaborar", señaló.

Uno de los principales estuvo centrado en las limitaciones legales que existen cuando una persona rechaza la asistencia. "No podemos obligar a nadie a ingresar al Centro de Integración Social. Si la persona se niega, nosotros no podemos llevarla por la fuerza", explicó.

Consultada sobre la posibilidad de disponer una internación involuntaria, aclaró que la legislación vigente establece condiciones muy precisas. "Para que exista una judicialización primero tiene que intervenir el área de Salud Mental, realizar una evaluación y determinar si existe un criterio de internación. Si esa evaluación concluye que no corresponde, no se puede avanzar", sostuvo.

La funcionaria también respondió a las consultas sobre la intervención judicial y explicó que esos procedimientos no son inmediatos. "Muchas veces se piensa que uno hace un oficio y a los cinco minutos la Justicia ordena una internación, pero eso no funciona así. Hemos tenido muchísimos casos donde los juzgados demoraron varios días en expedirse", indicó.

En este caso puntual, aclaró que todavía no se solicitó una medida judicial porque previamente debe existir una evaluación médica. "La evaluación la tiene que realizar el área de Salud Mental, no Derechos Humanos. Sin ese criterio previo no corresponde pedir una internación", explicó.

Pese a las dificultades, la directora de Derechos Humanos defendió el trabajo que realiza el Municipio frente a este tipo de problemáticas. "Queremos transmitirle a la comunidad que el Estado está presente y acompaña estas situaciones. Muchas veces existe un desconocimiento sobre cuáles son nuestras funciones y por eso aparecen cuestionamientos que no contemplan las limitaciones legales que tenemos", sostuvo.

“Las personas tienen un lugar para dormir, reciben comida y además son acompañadas por un equipo interdisciplinario que trabaja para ayudarlas a salir de esa situación", explicó.

Finalmente, Mara González insistió en que el principal obstáculo aparece cuando la persona rechaza toda posibilidad de ayuda. "Es una problemática muy compleja. Nosotros podemos ofrecer todas las herramientas que tiene el Estado, insistir y acompañar, pero cuando una persona decide no aceptar la asistencia existen límites legales que debemos respetar. Para una internación involuntaria tiene que existir un criterio médico establecido por el área de Salud Mental", concluyó.

La intención de este medio es instar a la reflexión para que los actores competentes puedan interaccionar, el área de salud mental intervenir a la brevedad y la comunidad continuar involucrándose ante la extrema vulnerabilidad que muchos de nuestros vecinos están atravesando.