Este jueves 15 de octubre, a partir de las 10.30 horas, se llevará adelante una nueva movilización frente al Congreso de la Nación, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para reclamar la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad y exigir medidas que garanticen la continuidad de los servicios destinados a las personas con discapacidad.

La convocatoria es impulsada por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad y cuenta con la adhesión de distintas organizaciones, instituciones educativas y terapéuticas, centros de día, hogares, prestadores, profesionales, trabajadores y familias que vienen manifestando su preocupación por la situación que atraviesa el sector.

A la concentración frente al Congreso se sumarán expresiones de protesta en distintas ciudades del país, en el marco de una jornada nacional que busca visibilizar las dificultades económicas, administrativas y presupuestarias que afectan al sistema de prestaciones.

El reclamo por la continuidad de la ley

Uno de los principales planteos de las organizaciones es la prórroga de la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, sancionada por el Congreso en 2025, cuya vigencia se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026 y contempla la posibilidad de prolongarse por un año más.

La normativa establece medidas destinadas a fortalecer el financiamiento de las prestaciones, actualizar los aranceles y garantizar derechos vinculados con la salud, la rehabilitación, la educación, la protección social y el trabajo.

Sin embargo, las entidades del sector advierten que persisten dificultades para garantizar su aplicación efectiva y cuestionan propuestas que, según sostienen, no contemplan las modificaciones necesarias para asegurar la sostenibilidad del sistema.

En ese sentido, reclaman que cualquier modificación legislativa preserve los derechos reconocidos y que la emergencia continúe bajo las condiciones actualmente establecidas.

Prestaciones, pagos atrasados y medicamentos

La movilización también estará atravesada por los reclamos de instituciones y trabajadores que denuncian demoras en los pagos, dificultades para sostener económicamente los servicios y problemas vinculados con el acceso a tratamientos e insumos.

Entre las principales preocupaciones aparece la actualización de los valores del Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, que establece los aranceles de referencia para servicios como rehabilitación, transporte, atención terapéutica y otras prestaciones esenciales.

Desde el sector señalan que las dificultades de financiamiento afectan el funcionamiento de las instituciones y pueden repercutir directamente en la continuidad de los tratamientos que reciben miles de personas.

Asimismo, agrupaciones de prestadores denunciaron retrasos de hasta 90 días en determinados pagos y problemas en la entrega de medicamentos a beneficiarios del programa Incluir Salud.

Por este motivo, además de reclamar la prórroga de la ley, solicitan la regularización de los pagos, el cumplimiento de las obligaciones de cobertura y la participación de las personas con discapacidad y sus organizaciones en las decisiones que afectan al sector.

Una problemática que involucra a miles de familias

Detrás del reclamo económico también aparece la preocupación de las familias que dependen de estos servicios para garantizar tratamientos, acompañamiento educativo, rehabilitación y distintas actividades que favorecen la autonomía y la participación social de las personas con discapacidad.

Las organizaciones advierten que la falta de previsibilidad en el financiamiento puede comprometer el funcionamiento de hogares, centros de día, escuelas especiales y espacios de atención terapéutica, con consecuencias para quienes requieren acompañamiento cotidiano.

En este escenario, la movilización del jueves buscará trasladar nuevamente el reclamo al Congreso y al Gobierno nacional, con el objetivo de obtener respuestas concretas sobre la continuidad y el financiamiento de las prestaciones.

La concentración central está prevista para las 10.30 frente al Congreso de la Nación, mientras que otras organizaciones convocaron a reunirse desde las 11 y anunciaron actividades en diferentes puntos del país.

La jornada se desarrollará bajo una consigna compartida por las entidades convocantes: “No a la pérdida de derechos de las personas con discapacidad”, en un nuevo capítulo del reclamo por el cumplimiento efectivo de la legislación vigente y la continuidad de las políticas de protección del sector.