Carlos "El Cabezón" Rodríguez está bajo prisión preventiva acusado de los delitos de "comercio de estupefacientes en concurso ideal con explotación económica de la prostitución en la 'zona roja' de la ciudad de La Plata, y promoción, facilitación y explotación económica de la prostitución ajena agravados por el abuso de la situación de vulnerabilidad en tres oportunidades", entre ellos el caso de Johana.

El 26 de julio de 2017, la joven salió de la casa de su madre, en la periferia de La Plata, tras decirle que volvería unas horas más tarde, pero nunca regresó.

En la casa quedaron esperándola su madre, su abuela y su hija, en ese entonces de seis años.

Casi dos meses antes de desaparecer, Johana se había separado del padre de la niña, había regresado a la casa materna y los problemas económicos la habían puesto en situación de prostitución.

La última imagen de Johana fue tomada por la cámara de seguridad de una estación de servicio situada en las calles 1 y 63 de La Plata, en la que se la ve entrando a un baño ese mismo día, poco después de salir de su hogar.

La fiscalía penal investigó una simple "averiguación de paradero", aún cuando su madre afirmaba que su hija no se habría ido voluntariamente dejando a su niña de seis años.

Hubo marchas y se pintaron más de una docena de murales en reclamo de justicia en La Plata pero la causa no registró avances hasta abril de 2021, cuando citaron a Marta Ramallo a los tribunales federales para informarle que unos restos humanos hallados en agosto de 2018 en la costa de la ciudad de Berisso pertenecían a su hija.

La "clave" para procesar a "El Cabezón" Rodríguez fue la declaración de 27 personas, entre ellas varias trabajadoras sexuales y algunos testigos de identidad reservada, que aseguraron que el acusado se aprovechaba de "la situación de vulnerabilidad" de las víctimas, entre ellas Johana Ramallo y hasta algunas de las familiares directas del acusado, para someterlas a abusos con la promesa de suministrarles drogas.

El procesamiento fue dictado por el juez federal en lo Criminal y Correccional 1 de La Plata, Alejo Ramos Padilla, en un fallo de 144 fojas, en el que aborda con perspectiva de género la situación que atraviesan las trabajadoras sexuales en la "zona roja" platense, ubicada dentro del barrio "El Mondongo", específicamente entre las avenidas 1, 60, 122 y 72.

El magistrado dispuso, además, un embargo en los bienes del imputado en 10 millones de pesos y solicitó al Programa de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata de la provincia de Buenos Aires y la Dirección General de Acceso a la Justicia del Ministerio Público para que asista a otras víctimas que eran supuestamente sometidas por el imputado.