Sentados frente a ellos, en el banquillo de acusados, estaban Sergio Argañaraz, principal sospechoso; y Cecilia Cabrera, la madre de la pequeña y pareja del imputado. La defensa del hombre tiene las de perder, ya que todos los testigos declararon en su contra, mientras que la mujer sostiene que era sometida y sufría violencia de género, argumento que todavía no pudo ser acreditado.
Fue la abuela de Mia quien asistió al Servicio Local e insistió en que necesitaba ayuda con su nieta. Ella se presentó al lugar en reiteradas oportunidades, pero sólo una visita les bastó al equipo para determinar que "la nena estaba bien" en esa vivienda de calle 82 y ruta 15.
Tanto la psicóloga Natalia Valverde, como la trabajadora social del equipo interdisciplinario coincidieron en que Argañaraz era una persona violenta, ya que durante la visita a su casa las trató de forma "hostil" y "reticente". Ambas mencionaron que Mia tenía un "corte pequeño en la boca", pero lo atribuyeron a "una posible caída" que podría haber tenido la nena, justificación que también les dio su madre.
"La nena estaba higienizada y se la notaba bien. Nosotras le ofrecimos a Cecilia que vaya al Servicio Local y que cualquier situación de violencia que esté viviendo nos lo manifieste. También le ofrecimos una guardería para la nena, pero se negó a recibir ayuda", contó la trabajadora social. Pero, minutos más tarde, recordó que la pequeña tenía un corte en la boca, el cual dejaron pasar. El informe sobre la visita fue presentado un mes después de la internación de Mía, documento que podría haber evitado su muerte.
"No tenemos jefe, y de acuerdo el caso trabajamos bajo consenso", explicó Valverde, dejando en evidencia la desidia estatal y la falta de planificación y responsabilidad. En pocas palabras, se refleja una seria improvisación de un equipo de tan sólo cuatro personas para toda una ciudad, una ciudad con tantas necesidades como lo es Berisso.
Los hechos
Mía tenía 3 años y murió el 24 de septiembre de 2014 como consecuencia del maltrato que sufrió presuntamente por parte de su progenitora y el concubino de ésta. El último mes de vida lo pasó internada en estado de coma.
La pequeña había llegado el 20 de agosto al hospital Larrain con su mamá, quien al ponerla en manos de los profesionales aseguró que "se había ahogado". Cuando la evaluaron, los médicos advirtieron que tenía hematomas en la cabeza, el abdomen y en los cuatro miembros, además de fracturas de cúbito y radio izquierdo y fractura costal del lado derecho.
Debido a la gravedad de las lesiones, que le ocasionaron un paro cardiorespiratorio, sería derivada al Hospital de Niños. La nena, que fue criada por su abuela materna Rosana Allegre, había sido restituida con su progenitora después de que así lo determinara la justicia en el mes de abril, a pesar de las advertencias de que la pequeña iría a un lugar de costumbres "promiscuas y violentas".
Esta situación había sido expuesta frente al Juez de Familia Hugo Rondina, sin encontrar respuestas positivas. Argañaraz y Cabrera fueron detenidos el mismo día en que murió Mía.
Ambos están imputados por “homicidio doblemente calificado por el vínculo y la alevosía, y abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado, todo en concurso real”, que prevé la pena de prisión perpetua.
Ahora, será el Tribunal Oral 1 el encargado de evaluar la situación de los imputados. Cabrera (progenitora de la nena) está acusada de homicidio agravado por el vínculo. Su pareja de entonces, Sergio Nicolás Argañaraz, de abuso sexual con acceso carnal agravado.
La acusación en el juicio está en manos de la fiscal de juicio Silvina Langone y de los abogados Matías Pietra Sanz y Andrea Reynoso, quienes representan a la abuela de la menor muerta.
